No necesitarán aval para aplazamientos inferiores a los 30.000 euros

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos podrán aplazar sus deudas hasta los 30.000 euros sin necesidad de aval. Lo avanzan desde el portal AyudaTpymes, que señalan que hasta la fecha tanto pymes como autónomos habían visto cómo se habían endurecido las condiciones de aplazamiento en el pago del IVA a la Agencia Tributaria.

Esto se debe a la aprobación por parte del anterior gobierno del PP de una serie de medidas antifraude para el colectivo. Sin embargo, un decreto aprobado posteriormente supuso la derogación de excepciones que posibilitaban el acceso a aplazamientos a la hora de presentar los impuestos.

La Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Agencia Tributaria han negociado para llegar a un acuerdo en el aplazamiento de las deudas para el colectivo. En ese sentido, el acuerdo alcanzado determina que no será necesario presentar garantías por parte de los autónomos y de las pymes que quieran solicitar o bien un aplazamiento o un fraccionamiento de las deudas inferiores a 30.000 euros. Todos estos procedimientos los tramitará automáticamente el fisco.

Estos aplazamientos contemplan la liquidación del IVA. Pero además de eso, el aplazamiento tiene efecto sobre pagos que hasta ahora no se consideraran aplazables por el decreto ley, como es el del impuesto de sociedades o de las retenciones del IRPF.

Más aplazamientos

Las deudas se pueden aplazar cuando se presenten saldar a través de efectos timbrados. Lo mismo sucederá con las deudas del retenedor o del obligado que tenga que realizar ingreso a cuenta, así como las deudas que se han considerado créditos contra la masa en el caso de concursos del obligado tributario o las derivadas de impuestos repercutidos o de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.

Cabe destacar que entre los años 2007 y 2013 se cuadruplicó el número de aplazamientos en Hacienda. Por su parte, entre los años 2011 y 2015 se aprobaron aplazamientos de deuda a pymes y autónomos por un valor que supera los 30.000 millones de euros, de las cuales, más de 1,67 millones de solicitudes se llevaron a cabo sólo en 2015.

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