Qué es el MEI y a quién afecta

Con el año nuevo entra en vigor el MEI, que eleva los tipos de cotización que pagan empresas y trabajadores

Desde el 1 de enero de 2023 entra en escena un nuevo impuesto en las nóminas, aprobado en la primera parte de la reforma de las pensiones, publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2021. Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y se incluye como medida del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad del sistema.

El MEI supone un aumento de cotizaciones del 0,6% por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales. En concreto, el 0,5 de la aportación corre a cargo de la empresa y el 0,1% del trabajador.

Así pues, el asalariado pierde desde 2023 un 0,1% de su salario neto a percibir, mientras que la cotización de los autónomos es variable. Para una base de cotización mediana, de unos 2.000 euros de sueldo, esta subida del 0,6% que establece el MEI, supondría una cotización mensual de 12 euros, de los que dos euros los pagaría el trabajador y 10, la empresa. Para los autónomos, la media ronda los cinco euros.

La previsión es que el nuevo impuesto aporte entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales al Fondo de Reserva, conocido como la hucha de las pensiones, por si fuera necesario activarlo. Este mecanismo de ajuste, diseñado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se incorpora para tratar de cuadrar las cuentas en los próximos años, coincidiendo con la jubilación de la llamada generación del baby boom.

En principio, este descuento en nómina estará vigente durante 10 años, hasta 2033. No obstante, según apuntan desde la Seguridad Social, en caso de que a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea «una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB)».

Asimismo, si los activos del Fondo de Reserva no fueran suficientes para sostener el sistema, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, de acuerdo con sus recomendaciones, una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.

FUENTE:https://www.elmundo.es/

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